Gestación subrogada: entre la protección de derechos y el riesgo de criminalización

El 5 de marzo de 2026, el Congreso del Estado de México difundió una iniciativa del PAN para sancionar con hasta 27 años de prisión la gestación subrogada con fines comerciales. La propuesta plantea castigar la oferta, promoción, intermediación o contratación de estos servicios, y además considerar la explotación reproductiva como una forma de violencia de género.  

Lo que me parece más interesante de esta noticia es que muestra cómo algunos temas de salud no pueden analizarse solo desde lo médico. Aquí también entran el derecho, la bioética, los derechos reproductivos, la dignidad humana y la protección de personas en situación de vulnerabilidad. La iniciativa parte de la idea de que cuando existe una finalidad comercial, puede haber explotación de las mujeres y afectación al interés superior de la niñez.  

Desde el marco legal, el tema es complejo porque no basta con decir que algo debe prohibirse o castigarse. También habría que preguntarse qué tan claro es el marco normativo actual, cómo se distingue entre consentimiento y explotación, y qué papel deben tener las instituciones de salud frente a este tipo de prácticas. La propuesta incluso plantea prohibir la intervención de instituciones de salud públicas o privadas, laboratorios y clínicas de fertilidad en procedimientos que impliquen explotación reproductiva.  

En mi opinión, este tipo de noticias son importantes porque obligan a pensar con más profundidad. No se trata solo de estar a favor o en contra, sino de entender que estamos frente a un tema donde se cruzan salud, derechos, desigualdad y poder. Y justo ahí es donde el marco legal en salud se vuelve tan relevante. 

Nota completa: 27 años de prisión por gestación subrogada con fines comerciales: GPPAN