Hacia un Sistema Nacional de Salud Universal: Avanza la integración operativa de IMSS, ISSSTE y otras instituciones

El 5 de enero de 2026 La Jornada publicó un artículo en el que Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial de la Secretaría de Salud (Ssa), explicó que el Gobierno mexicano busca concretar en este sexenio una integración operativa de todas las instituciones públicas de salud para que puedan intercambiar servicios clínicos . Aunque la idea de unificar el sistema lleva décadas discutiéndose, la falta de voluntad política y de mecanismos administrativos había frenado su avance. Hoy, gracias a las compras consolidadas de medicamentos y suministros realizadas por la Ssa y a una plataforma digital que permitirá establecer reglas claras de compensación entre instituciones, el acuerdo interinstitucional luce factible .

El proyecto, que busca que los pacientes regresen a las unidades públicas en vez de acudir a consultorios adyacentes a farmacias, plantea que en los próximos cinco años el IMSS, el Issste, los institutos nacionales de salud, los hospitales de alta especialidad y los servicios médicos de Pemex y de las secretarías de Marina y Defensa compartan instalaciones y personal . Las tecnologías de la información facilitarán verificar la vigencia de derechos y los cobros entre instituciones . También se prevé un nuevo modelo de pago basado en la atención prestada y no en los insumos utilizados, lo que reducirá costos a través de compras consolidadas . Con ello se intentará aprovechar la capacidad ociosa de unidades rurales del IMSS‑Bienestar y equipos de radioterapia poco utilizados, lo que ayudaría a desahogar servicios saturados como estudios de imagen, cirugías complejas y consultas de alta especialidad .

Como médico, me parece que este esfuerzo implica un cambio profundo en la estructura legal del sistema de salud. La Constitución mexicana consagra el derecho a la protección de la salud en su artículo 4º, mientras que la Ley General de Salud y las leyes de seguridad social delimitan las competencias del IMSS, ISSSTE y demás organismos. El proyecto del gobierno exige reformas para desvincular la atención médica de la condición laboral de los usuarios y establecer un marco legal que regule el intercambio de servicios y los mecanismos de compensación. Será necesario armonizar las distintas leyes de seguridad social, crear procedimientos uniformes de referencia y contra‑referencia y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Además, la universalización no puede comprometer la calidad; el derecho a la salud implica servicios accesibles, oportunos y de calidad, por lo que el Estado deberá asegurar que la integración operativa no genere saturación en algunos hospitales y abandono en otros. En este sentido, el poder legislativo y judicial tendrán un papel clave para vigilar que la reforma cumpla con los estándares constitucionales y de derechos humanos.

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